Incorporar a los adolescentes infractores a la Educación Formal

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PSICOLOGÍA INFANTO JUVENIL

El compromiso por difundir La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,ratificada por Chile en 1990, y el cambio de paradigma que considera al niño como poseedor de Derechos al igual que los adultos, nos alienta a difundir investigaciones que aporten en el conocimiento y fundamento de las implicancias legales y prácticas en el sistema chileno, y de otros países de latinoamérica, que deben dar obligatoriamente respuesta, a situaciones en las cuales se ven involucrado niños.

Ahora, tenemos el honor de publicar  un extracto de la pre tesis del asistente social Manuel Canales sobre “Políticas Sociales en la Educación y Adolescentes Infractores a la Ley Penal en el marco de la Ley de Responzabilidad penal juvenil», con el fin de dar a conocer su investigación y aporte, que será expuesto por medio de publicaciones periódicas en nuestra revista

 

Pre – TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN DERECHO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, MENCIÓN: POLÍTICAS PÚBLICAS

“POLÍTICAS SOCIALES EN EDUCACIÓN Y ADOLESCENTES

INFRACTORES A LA LEY PENAL EN EL MARCO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL”

INTRODUCCIÓN

 “ La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, se ha constituido en un poderoso instrumento para reformar las políticas públicas y jurídicas destinadas a mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en América latina”[1].

 “Al culminar la década de los noventa, la Convención sobre los Derechos del Niño se destaca por ser el instrumento de derechos humanos más aceptado a nivel mundial, dado que 191 países la han ratificado. Hacia mediados del referido decenio, todas las naciones de América Latina y el Caribe habían ratificado la Convención y un número significativo de ellas inició reformas legislativas orientadas a armonizar los preceptos de la Convención con las leyes nacionales”[2].

Ambas acepciones apuntan a que dicho instrumento permite incorporar una nueva concepción de la Infancia y la Adolescencia desde la perspectiva jurídica como de las Políticas Públicas y Sociales: “Marca un punto de no retorno en materia de Derechos Humanos de Infancia y Adolescencia, al manifestar las necesidades como derecho y definir al niño como sujeto de derechos”[3]

Este instrumento jurídico internacional vinculante plantea un nuevo paradigma: dentro de un Estado de Derecho, se deben incorporar necesariamente los Derechos de niños, niñas y adolescentes. Podríamos entonces plantear que en Chile y con la aprobación de la CIDN, debería existir un Estado de Derecho para los niños (as) y adolescentes.

A partir de la década de los noventa y con la ratificación del Estado de Chile de la Convención, comienza un largo y difícil proceso de reformas jurídicas (que conllevarían cambios culturales), y que pretenden por una parte, adecuar la legislación interna vigente a los principios y postulados de la Convención y por otra promover en la sociedad civil y en la institucionalidad el paradigma del niño (a) como sujeto de derechos en reemplazo del añejo y vulnerador principio del menor en situación irregular.

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Esta pretensión socio-jurídica que hoy comienza a hacerse realidad a través de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil entre otras como la Ley de Subvenciones, Tribunales de Familia, (restando aún la aprobación de la Ley de Protección de Derechos y la Ley orgánica del SENAME), y que constituyen la llamada reforma Integral a la Infancia y la Adolescencia en Chile, obliga a quienes trabajan directamente con los adolescentes infractores a la Ley Penal, a evaluar lo que han sido las Políticas Sociales para la Infancia y la Adolescencia y cual es el nuevo contexto o escenario jurídico y de Políticas que se presenta para dar un nuevo impulso y enfoque a éstas, especialmente a aquellas destinadas a jóvenes y niños respondiendo a lo que demanda la implementación de la reforma jurídica chilena y lo que establece la Convención.

Si hacemos una conceptualización desde lo social entendemos el delito como una construcción social, no obstante le correspondería a las instituciones y a los distintos actores del sistema social, definir la naturaleza, el significado social y cultural, así como la consecuencia respecto a los hechos definidos como delito.

Siguiendo con los principios de la Convención y en lo concerniente a Derechos Básicos nos encontramos con el derecho de todo niño, niña o adolescente a la Educación. De hecho en Chile tanto la educación básica como media, tienen por ley el carácter de obligatorio, pero por las diferentes variables sociales y económicas que dan origen a una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en estados de pobreza, pobreza extrema e indigencia, por una parte, y en el caso de los adolescentes infractores de ley por otra, podríamos decir que este derecho no ha sido posible efectivizarlo por las carencia de Políticas Sociales integrales que tiendan a la inserción social de los niños y jóvenes y no constituirse en un factor mas de discriminación y exclusión.

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En 2005 y cumpliendo con el mandato de adecuar la legislación interna a los principios y postulados de la CIDN, se aprueba después de 9 años de discusión, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En ella se establece que en cada una de las penas que se apliquen a un adolescente infractor en cualquiera de sus alternativas (privativa de libertad, derivación a centros Semi – cerrados y Libertad asistida en sus dos modalidades), se deberá considerar necesariamente en los Planes de Intervención Individual, la incorporación o reinserción del joven al algún tipo de programa educacional que le permita elegir de la oferta privada o estatal, en donde continuará estudios como parte de su proceso de reaserción social y familiar.

Cuando nos planteamos si el Estado y la institucionalidad, el sistema educacional formal, los docentes y los establecimientos, están preparados para atender a este segmento de la población, la respuesta pareciera ser obvia. Lo mismo puede ocurrir invirtiendo la pregunta si “los jóvenes infractores están en condiciones de reincorporarse a un sistema que les ha sido históricamente expulsor y castigador y en que además por sus grados de retraso pedagógico deberían tener como compañeros a jóvenes o niños de menor edad y madurez o como alternativa acceder a programas especializados sólo en jóvenes infractores”. Ello sin imaginar todavía la reacción de las comunidades escolares en las que se incluyen a los cuerpos docentes y a los padres y apoderados.

La tesis que se presenta, se focalizará fundamentalmente en indagar, si efectivamente y a través de la sanción penal que se aplicará a un adolescente infractor en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la obligación de insertarse en el sistema escolar formal, se constituirá en una nueva forma, legalizada y por tanto institucionalizada, de exclusión social y por otra parte de que manera se aborda desde el estado y sus Políticas Sociales esta problemática.

Se aborda igualmente, como las Políticas Sociales que se desprenden de la ley y su relación con la realidad concreta con la Inserción o Reinserción del adolescente infractor de ley en el sistema escolar formal actual, se ven confrontadas con la realidad del sistema escolar chileno, con la capacidad de este para atender a este segmento de la población juvenil y la especialización y capacitación de los docentes para esta tarea que impone la ley, etc. En resumen establecer también cuan preparado está el sistema educacional para atender eficazmente y como aporte a la reinserción social a este importante grupo de la población joven del país.

Se investiga en definitiva cuales son las posibilidades reales del Sistema Escolar para atender en igualdad de condiciones a este segmento de la población juvenil con el resto de los estudiantes.

Por otra parte es de especial relevancia el abordaje de la potencial problemática del Quebrantamiento de Condena vía deserción escolar o refractariedad al sistema y sus consecuencias en los jóvenes una vez aplicada dicha sanción, los factores que la detonan y las alternativas de solución o propuestas que ofrece el Estado a un año de que la Ley entre en vigencia.

Igualmente se considera relevante ingresar al análisis crítico de los Centros semi-cerrados, respecto de los cuales en el área de intervención de adolescentes infractores, existen muchas dudas respecto de su eficacia como sistema de reinserción social vía redes comunitarias e inserción comunitaria a nivel institucional e individual.

Desde la perspectiva del autor constituye uno de los principales objetivos de esta Tesis es probar que la sanción penal aplicada a un joven infractor en el contexto social e institucional actual, podría constituirse en un factor de continuidad de la histórica exclusión, marginación y estigmatización del adolescente infractor del sistema educacional formal en tanto no existirían las condiciones jurídicas, sociales, culturales, de infraestructura y técnicas para lograr la reinserción familiar y social teniendo como uno de sus pilares la reinserción escolar. Asimismo que la oferta educativa tanto privada como estatal hasta ahora planteadas como modelos innovadores, no han dado los resultados esperados.

Al realizar la investigación pareciera que la obligatoriedad de incorporar a los adolescentes infractores a la Educación Formal como parte relevante de su reinserción social al inicio de la aplicación de la Ley debería presentar dificultades que el Estado y los actores involucrados, deben resolver a la brevedad para no hacer de ésta Ley “letra muerta” y mantener la actual situación de los jóvenes infractores con “programas pobres para niños pobres”[4] poniendo en el tapete el tema del financiamiento, la capacitación, la especialización y la infraestructura adecuados para la ejecución de las Políticas Sociales y garantizar en un grado importante el éxito de éstas en beneficio de los adolescentes infractores, sus familias y la sociedad en general.

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[1] Miguel Cillero Bruñol, Los Derechos del Niño: de la proclamación a la protección efectiva. Art. Buenos Aires, ….

Siguiendo a la Convención en este trabajo se considera como niñas y niños a todas las personas menores de 18 años. En América Latina se utiliza también el término adolescencia para referirse a las niñas y niños mayores de 12 años y menores de dieciocho.

[2] Francisco Pilotti: Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: el contexto del texto Washintong D.C. 2000.

[3] Consuelo Contreras. Hacia un Diagnóstico para el ejercicio de ciudadanía. Documento de Trabajo Corporación OPCION. 2002.

[4] Canales M., Durand J. Miranda A. “Proyecto de Intervención Comunitaria”, SIDTEL Lo Prado 1999.

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